Por: Alejo Vargas Velásquez* | Medellín | 23 de febrero de 2011 - El Colombiano

Uno de los temas polémicos de la nueva reforma política o electoral es, sin duda, el de la modificación del censo electoral. Para ilustrar a los lectores es interesante que hagamos unas consideraciones acerca de la participación política y los problemas asociados al censo electoral y la legitimidad de los elegidos que de allí se derivaría.

Es necesario puntualizar que las democracias modernas se caracterizan por promover y estimular diversas formas de participación ciudadana en la toma de decisiones de los asuntos que les conciernen. Los modelos de democracia representativa fueron los propios de los primeros momentos de participación ciudadana en los Estados-nación, que se agotaba en la elección, a través de los partidos políticos, de los representantes en los cuerpos colegiados y de las cabezas del Ejecutivo en los regímenes presidencialistas; estos modelos de participación, tienden a ser complementados en los tiempos actuales por diversas modalidades de participación ciudadana, que incluyen, además del voto para elegir representantes o gobernantes, referendos, plebiscitos, consultas populares, iniciativas ciudadanas, en fin, un abanico de posibilidades de participación ciudadana y por supuesto también, como una opción de participar, lo que se puede denominar como la participación negativa que se expresa en la abstención, es decir, abstenerse de participar por la razón que se considere, es también una forma de participación, que debe garantizarse.

La Ley 190 con el argumento de depurar el censo electoral -los ciudadanos que están habilitados para votar-, plantea unos grandes interrogantes. El argumento es que no hay un registro actualizado de los ciudadanos aptos para votar porque no se dan de baja de manera eficaz las personas que fallecen, o quienes parten a vivir al exterior, o quienes pierden transitoriamente sus derechos políticos y que esto desfigura el volumen de potenciales votantes, pero en lugar de proponer medidas para hacer ágil el reporte de muertes y mecanismos para eliminar a quienes han sido privados de los derechos políticos, se toma como base los que participaron en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2010 -la última elección realizada- y a partir de allí se incorporan las nuevas cédulas y aquellos colombianos que sin haber participado en la elección inscriban nuevamente su cédula para ir estructurando el nuevo censo electoral.

Esto tiene no sólo un efecto político discriminatorio contra un partido político, el Polo, que recomendó a sus votantes abstenerse de participar en dicha elección y que por lo tanto quedarían excluidos del censo electoral, sino, y es lo más grave, sobre todos los colombianos que por la razón que fuera tomaron la decisión de abstenerse de participar -ejerciendo por la vía negativa su derecho a participar-. Adicionalmente, esto tiene otro efecto político cierto, pero discutible -por no decir mentiroso- y es disminuir los porcentajes de abstención por medio de una operación de aritmética electoral; la tradicional abstención colombiana que tiende a bordear el 50% de los habilitados para votar, ahora se disminuirá y se podrá decir que aumentó la participación electoral y la legitimidad de los elegidos, pero realmente se ha hecho a través de una medida totalmente cuestionable. Pero accesoriamente tendría otro efecto político posible y sería disminuir el porcentaje de eventuales votantes si se estuviera pensando en futuros referendos electorales, para darlos por aprobados.

No hay duda que esta es una medida que tiene altas posibilidades de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, no sólo por vulnerar un derecho fundamental a la participación política de los colombianos, sino adicionalmente por ser discriminatoria contra un partido político en especial, en este caso el Polo Democrático Alternativo.

La depuración del censo electoral requiere medidas de eficacia y eficiencia administrativa y estimular la participación electoral depende de la pedagogía electoral y de propuestas atrayentes de los partidos políticos.

* Profesor Universidad Nacional