Un actor importante, en el proceso de construcción de consensos, lo constituye el Tribunal Constitucional, que en el período del 2001-2010, cuestionó una serie de leyes dadas por el Legislativo, por su carácter anticonstitucional. En la medida que resultaba más expeditivo impugnar constitucionalmente (acción de inconstitucionalidad) una decisión pública que procurar lograr una mayoría parlamentaria, para derogar o modificar alguna ley, las agrupaciones políticas se acostumbraron a emplear este procedimiento, con lo que perdieron importancia los foros políticos de debate parlamentario y lo ganó el Tribunal. Esta tendencia se vio favorecida por la vocación invasiva mostrada por ciertos miembros del Tribunal Constitucional para emitir sentencias con propuestas legislativas de carácter positivo excediendo, al entender de los expertos, sus propias atribuciones y competencias, ya que según estos expertos, sólo deberían limitarse a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma puesta a su consideración.

El proceso de toma de decisiones y de construcción de políticas a partir de las iniciativas de ley emanadas del Poder Ejecutivo o las emitidas por el Poder Legislativo en el sistema político peruano, normalmente ha trascendido el período de una legislatura y los propios ámbitos del hemiciclo. La decisión política-parlamentaria implica por naturaleza un proceso constante de discusión y persuasión entre actores políticos y sociales, con procedimientos claramente marcados por un reglamento legislativo, donde la institucionalidad formal es opacada en muchas ocasiones por la institucionalidad informal, dominio casi exclusivo de los operadores políticos y no de los colectivos sociales. Esto lo pude apreciar cuando ejercía funciones de “coordinador parlamentario” durante el 2006.

El ejercicio parlamentario debiera ser la expresión representativa del poder ciudadano, en el cual la discusión social se articula en su correlato político a través de los legisladores y los procesos de incidencia que tanto la sociedad organizada como los actores económicos tejen sobre éstos, es decir las vinculaciones entre la oposición parlamentaria con la oposición extraparlamentaria. La definición de las políticas públicas emanadas en el marco de interacciones de dependencia y separación entre el Poder ejecutivo y el Poder Legislativo, en el sistema presidencialista peruano, oscila entre el consenso (cuando se construye una mayoría) y el conflicto (cuando el partido de gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria), expresándose por una lógica en el uso del poder y la negociación.

La recomposición de las relaciones de poder parlamentarios, dadas en los últimos períodos electorales en el Perú, demuestra que el sistema político peruano ha ido incrementando su tendencia de abstencionismo del voto legislativo, debido a un multipartidismo polarizado ó un multipartidismo fragmentado, que demanda que el Poder Ejecutivo tenga una amplia capacidad para construir coaliciones parlamentarias, pero también abre la posibilidad que la sociedad organizada pueda influir en las decisiones legislativas, dadas las asimetrías de fuerzas políticas. Entonces las composiciones heterogenias en el parlamento peruano, exigen la construcción de al menos coaliciones coyunturales para obtener mayorías calificadas en los proyectos de ley que así lo exijan. La negociación y la construcción de coaliciones serán indispensables para dar sostenibilidad a las decisiones políticas.

Por otro lado, las recientes revelaciones periodísticas que ciertos candidatos de ciertos partidos políticos estarían recibiendo apoyo financiero para sus campañas electorales, están poniendo un velo a la debida transparencia que debiera ver en toda campaña electoral. ¿Quiénes son las personas que seleccionaron los partidos políticos y a los candidatos, quiénes las seleccionaron, con qué criterios, fueron remunerados por sus trabajos de selección? Igualmente, ¿Qué criterios se emplearon para seleccionar a esos candidatos y no a otros?, ¿Por qué no se seleccionaron de todos los partidos políticos inscritos oficialmente? Todo esto no hace sino poner en desventajas a los que no recibieron financiamiento y el JNE no se ha pronunciado hasta ahora sobre ello. Su labor congresal, de salir elegidos, podría ser cuestionada a la hora de debatir ciertas leyes relacionadas con temas que interesen a los aportantes a esa ONG.

La elección de los futuros legisladores será trascendental este 2011, para favorecer la dación de normas verdaderamente nacionales y de impacto positivo para las mayorías. No se puede seguir eligiendo a figuras públicas en función sólo de su popularidad en tal o cual actividad, sino en función de su capacidad para generar propuestas coherentes y de trascendencia nacional, así como en su probado compromiso de no seguir legislando a espaldas de los intereses nacionales. Los enormes y abundantes paneles publicitarios de algunos candidatos al congreso prometiendo cosas que saben que no pueden cumplir, jugando con las expectativas y esperanzas de las personas menos informadas, son un riesgo para la estabilidad del precario sistema político peruano.

Nuestro actual sistema político requiere urgente reformas, pero si seguimos eligiendo como hasta ahora no habrá cambios tangibles, y la presión ciudadana y la desesperanza, cual olla de presión, estallará en algún momento. Queremos una real democracia, no una de poses y figuras, no una electorera, no una de promesas que no se cumplirán, no una donde el financiamiento de las campañas no esté claro. Los peruanos, o aprendemos a elegir bien con conciencia, bien informados y pensando en nuestros descendientes, o todo lo que hemos ganado se perderá, por no saber elegir a buenos parlamentarios.