Como en la mayoría de los Estados democráticos actuales, en Perú el sistema político ha evolucionado de estructuras de gobierno caracterizadas por la concentración del poder político y la relativa exclusión de la mayoría de la población del proceso decisorio, a sistemas más inclusivos que tienden a agregar de manera más efectiva los intereses de las mayorías como consecuencia de una mayor competencia entre los actores políticos.

La conjugación de factores geográficos, culturales, sociales y económicos, propios de la historia y evolución política peruana, hicieron que en los comienzos de su vida republicana ostentara un grado importante de concentración de poder y bajos niveles de competencia política. La existencia de controles leves y apenas formales sobre el Poder Ejecutivo, y un tipo de contienda política caracterizada por el faccionalismo, hizo que los distintos grupos que competían por influencia lo hicieran para promover agendas particulares en detrimento del interés general.

Desde los años sesenta ha habido procesos de transformación política. Sin embargo, el aumento de la participación y la diversidad de opciones políticas no ha bastado para desarrollar un tejido jurídico-institucional que conduzca a la eliminación de las desigualdades históricas y a la promoción del desarrollo económico y social sostenible.

Esta incapacidad del sistema político peruano tuvo y tiene sus raíces en el carácter faccional de la competición política, el cual se ha traducido en una excesiva concentración del poder político que se expresa en un centralismo exacerbado, la concentración de la toma de decisiones en la Presidencia, la ineficacia de los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito político, social y judicial, y en las marcadas desigualdades sociales.

A pesar de estas circunstancias poco propicias, en las últimas dos décadas, el Perú ha realizado importantes progresos en los ámbitos político, social y económico. En el terreno político la situación actual ha mejorado con respecto al panorama existente en la década de los años ochenta aunque sigue adoleciendo de algunas de las mismas limitaciones estructurales. A diferencia de lo que ocurría entonces, existe hoy un consenso generalizado sobre el modelo político-económico y sobre las reglas de reparto de poder, si bien es tenue, poco concreto e inestable. Hay intenciones de consolidar las instituciones democráticas, que se traduce en un marco jurídico más sólido y acatado por la inmensa mayoría de los actores políticos.

Asimismo, el legado de economía de mercado parece haber sido aceptado por la gran mayoría. Sin embargo, la existencia de desigualdades sociales y el hecho de que las reformas económicas aún no han beneficiado a todos de manera tangible hacen que el consenso sobre el modelo económico sea vulnerable a planteamientos populistas.

Persisten dos factores del pasado que siguen dificultando la concepción e implementación de las reformas requeridas: una economía política adversa como consecuencia de la existencia de grandes desigualdades sociales y limitaciones fiscales, y una relativa concentración del poder que afecta la competición necesaria para que el sistema político pueda agregar los intereses de la sociedad de manera efectiva. Este es el telón de fondo sobre el cual el Perú debe responder a sus muchos desafíos económicos, sociales, políticos y de desarrollo institucional.

El Parlamento, por ejemplo, debe urgentemente ser reformado y la forma de elegir representantes también. Deberemos regresar a la bicameralidad, donde a la Cámara de Diputados o de representantes lleguen de todos los sectores y regiones de nuestro país, por lo tanto los requisitos a exigir para acceder a ella serán los mínimos y la cantidad será más numerosa que la otra cámara, idealmente no más de 160. Y a la Cámara de Senadores sólo los que reúnan ciertos requisitos y deberá ser pequeña, idealmente no más de 40 senadores, de acuerdo a la población por departamentos. Esto es sólo una propuesta general, que coinciden con la de muchos estudiosos y especialistas políticos, cuyos detalles deberán discutirse en el seno del actual Parlamento, pues requerirá de reformas constitucionales.

Esperemos que los candidatos al Congreso no sigan proponiendo cuestiones populistas y hagamos una verdadera reforma de nuestro sistema político. Poco se habla y discute sobre ello, pues no es redituable electoralmente, pero sabemos que es necesario. Una sola cámara  no permite la dación de buenas y duraderas leyes, tampoco significa más presupuesto si lo comparamos con tantas leyes que se han dado estos últimos 17 años, que luego sufrieron múltiples modificaciones que le costaron dinero al fisco.